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La nueva política, que invoca el Título 42 para expulsar rápidamente a los solicitantes de asilo, ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos. Argumentar que el derecho internacional cerrará una vía clave para que las personas sean víctimas de persecución y violencia en sus países de origen.
«Es una decisión deplorable que contradice los principios humanos que deben guiar la gestión de las migraciones forzadas», afirma Luisa Fernández, directora de la ONG Migrantes con Derechos. «Con el pretexto de seguridad frontal, si es negar protección a los más necesitados».
Sin embargo, algunos congresistas demócratas han respondido a los medios sugiriendo que es necesario controlar los flujos de inmigración que han descuidado la capacidad del sistema de asilo. “Nuestras comunidades que nos enfrentan están entristecidas y necesitan soluciones pragmáticas”, dijo el senador de Arizona Juan Sánchez.
Este delicado equilibrio entre política migratoria y derechos humanos se perfila como uno de los principales problemas que enfrentará la Casa Blanca en los próximos meses. Los analistas coinciden en que Biden tendrá que abordar con cuidado las demandas de su ala más progresista y la presión para resistir las fronteras.
«Es una situación completa sin respuestas sencillas», concluye el experto Fernández. «Pero en el centro de todo debe estar el respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de las personas migrantes y refugiadas».
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