El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un paso decisivo al ordenar el despliegue de la Guardia Nacional en la capital del país y poner bajo control federal la policía de Washington D.C. Estas acciones se enmarcan dentro de un esfuerzo por reducir la criminalidad y lo que él ha calificado de “desorden” en las calles de la ciudad. En un anuncio realizado el lunes, Trump aseguró que tomará “medidas drásticas” para enfrentar lo que considera una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos, apuntando especialmente a la creciente presencia de personas sin hogar en la vía pública.
El mandatario justificó su decisión al señalar que la tasa de criminalidad en la ciudad está fuera de control, mencionando específicamente los delitos violentos como asaltos, tiroteos y homicidios. Según el presidente, la ciudad de Washington D.C. experimenta una tasa de homicidios más alta que algunos de los “peores lugares del mundo”, a pesar de los datos que muestran una disminución en los crímenes violentos en la capital. Las cifras de la policía local indican una caída del 26% en los delitos violentos y una reducción del 12% en los homicidios, lo que contrasta con las declaraciones del presidente.
Supervisión federal en las fuerzas policiales y las iniciativas de seguridad pública
En el conjunto de medidas anunciadas, Trump subrayó que la administración federal se hará cargo del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C., bajo la supervisión de la fiscal general Pam Bondi. Además, se movilizarán más oficiales de policía, del FBI y de otras fuerzas federales para controlar las calles y “erradicar a las pandillas delictivas”. Trump también expresó la intención de desalojar a las personas sin hogar de los espacios públicos, llevando a cabo lo que él llamó una “limpieza” de los “barrios pobres” de la ciudad.
“Sé que no es políticamente correcto, pero vamos a eliminar los barrios marginales donde viven. No vamos a permitir que la ciudad siga siendo un lugar donde los delincuentes y las personas sin hogar sean una carga para nuestros ciudadanos”, dijo el presidente. Estas declaraciones han generado una fuerte reacción, especialmente por parte de la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, quien defendió los esfuerzos locales por reducir la criminalidad y criticó la postura de Trump, calificando sus afirmaciones como erróneas.
El estado de las personas sin hogar en Washington D.C.
Según la organización Community Partnership, que trabaja con personas sin hogar en la ciudad, hay aproximadamente 3.782 personas sin hogar en Washington D.C., de las cuales unas 800 viven en la calle. En los últimos años, la ciudad ha implementado diversas iniciativas para reducir esta cifra, pero la falta de vivienda sigue siendo un problema persistente. A pesar de las críticas a la administración de Bowser, los datos oficiales de la ciudad han mostrado avances en la disminución de los delitos violentos, con una reducción significativa de robos y agresiones.
El enfoque de Trump, sin embargo, no ha sido bien recibido por muchos defensores de los derechos humanos y organizaciones que abogan por las personas sin hogar. Al tratar de “limpiar” las calles, los críticos señalan que el presidente está criminalizando la pobreza y las condiciones de vida difíciles, sin abordar las causas subyacentes de la falta de vivienda o la violencia.
Conflictos políticos y la legislación sobre la autoridad presidencial
La acción de Trump tiene un fuerte componente político, dado que Washington D.C. no tiene la misma representación que los estados, lo que permite al presidente tomar decisiones federales de control en la ciudad. A través de la Ley de Autonomía de 1973, el presidente tiene la capacidad de intervenir en la administración policial de la ciudad en situaciones de “emergencia”. Sin embargo, cualquier medida que dure más de 48 horas debe ser notificada al Congreso y no puede prolongarse más allá de 30 días sin su aprobación.
Este es un punto delicado en la relación entre la administración federal y el gobierno local, ya que Bowser ha insistido en que la policía de Washington D.C. tiene la capacidad de manejar la situación sin intervención federal. La disputa sobre el control de la policía metropolitana refleja una creciente división entre los gobiernos locales y la Casa Blanca, especialmente bajo la administración Trump.
Una perspectiva controvertida y sus consecuencias
El uso de la Guardia Nacional y la supervisión federal sobre la policía urbana representan un cambio notable en las estrategias de seguridad pública, que contrastan con las medidas adoptadas por las autoridades locales y estatales en otras regiones del país. Aunque el crimen continúa siendo un problema serio en varias ciudades, la estrategia de Trump de incrementar la presencia militar y federal en las calles podría aumentar las fricciones con los gobiernos locales y las comunidades impactadas.
Los críticos del presidente también han señalado la ironía de su propuesta de militarizar la ciudad, dada la controversia sobre la falta de acción de su administración durante los disturbios del 6 de enero de 2021, cuando una turba de sus seguidores atacó el Capitolio. Esta contradicción ha alimentado el debate sobre el uso adecuado de la fuerza federal y la manera en que el gobierno aborda las tensiones políticas y sociales dentro del país.
En última instancia, la decisión de Trump de intervenir directamente en Washington D.C. representa un caso complejo de gobierno federal frente a la autonomía local, y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre seguridad pública, derechos civiles y el tratamiento de las personas más vulnerables en la sociedad.
